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Miércoles, 12 de junio 2019
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En las negociaciones de la futura concesión administrativa del puerto de Tomás Maestre ha entrado un nuevo elemento sorpresa: el túnel submarino de El Estacio que propuso el alcalde de San Javier en funciones, José Miguel Luengo, antes de que se celebraran elecciones municipales. Tanto Asopuerto como los miembros de la Junta aseguran que la Consejería de Fomento ha puesto sobre la mesa la construcción del polémico túnel como posible valor añadido en la oferta de los aspirantes en la próxima adjudicación de la dársena de 1.730 puntos de amarre, cuya concesión de por sí supondrá un considerable negocio para quien logre los derechos de explotación de los próximos 25 años.
Tanto Asopuerto como los miembros de la Junta son partidarios de negociar con el actual concesionario para que se prorrogue la concesión y evitar la entrada de algún gran grupo empresarial, pero el añadido del túnel no entra de momento en los planes de Tomás Maestre, quien lo considera «onerosísimo».
«La administración parece haber retomado el proyecto como condición para la prórroga y, previsiblemente, del posible nuevo concurso de la concesión en 2023, lo que conllevaría que su importe (seis millones de euros) al final repercuta en los atraques, locales y en definitiva en los usuarios del puerto», opina Maestre, quien considera que «no es justo que el puerto tenga que pagar la comunicación de las zonas norte y sur de La Manga, porque hay muchos propietarios de viviendas y parcelas a los que se les puede pedir una contribución especial». De cualquier manera, la viabilidad del túnel depende de los informes ambientales en una zona sensible como el Mar Menor, que tiene encima los ojos de los grupos ecologistas y el filtro del Comité Científico.
El Estacio comunica hasta ahora el norte de La Manga mediante un puente oscilante -con apertura a los barcos cada dos horas-, cuyo mantenimiento cuesta 116.651 euros al año, que ha venido costeando el Ayuntamiento de San Javier de forma íntegra, aunque desde 2017 el puerto de Tomás Maestre aporta el 50% del gasto. El acuerdo con el Consistorio prevé que, a partir del año 2023, el puerto se ocupará de la factura total por la conservación y el funcionamiento del puente.
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