Sancionan con 1.800 euros a un restaurante de La Manga por celebrar una boda en la playa

En su recurso el restaurante alegó que no existía ninguna normativa que prohibiera la celebración de bodas en la playa y que tal actividad no estaba sujeta a autorización. Asimismo, expuso «la inexistencia de un procedimiento legal para solicitar la autorización» y la ausencia de responsabilidad del propio local, toda vez que no fue «el promotor de la actividad».

Sin embargo, el TSJ recuerda que sí que es necesaria la autorización administrativa para la realización de tales actividades «en las que, aun sin requerir obras o instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y asimismo la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles, añadiendo en su apartado», indica la sentencia.

Finalmente, la sala argumenta que «la ocupación no autorizada» perseguía la obtención de una rentabilidad económica por parte del local y rechaza la alegación relativa a que no tuvo ninguna participación en la organización de la ceremonia, «ya que a esta le siguió la celebración de un banquete, tal y como se reconoce expresamente en la demanda, obteniendo por ello los consiguientes beneficios económicos que no habría tenido de no celebrarse la boda en la playa», concluye el escrito.