La Fiscalía abre una investigación por los vertidos de Los Arcos en 2013

  • El Consistorio inicia un expediente sancionador contra la Academia del Aire y da dos meses para regularizar su situación

El listado de veinte instalaciones públicas y privadas que están operando sin permiso municipal de vertidos en San Javier no ha pasado desapercibido para la Fiscalía Superior de la Región. El Ministerio Público ha puesto la lupa en uno de los integrantes de la 'lista negra' elaborada por Hidrogea: el Hospital Los Arcos del Mar Menor.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que se han abierto diligencias de investigación por un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos registrados en el citado centro hospitalario en 2013. Las citadas fuentes añadieron que la Fiscalía ya ha remitido un decreto «interesando información al Ayuntamiento». Las diligencias se han abierto después de que un ingeniero técnico del Ayuntamiento informase de los incumplimientos de la ordenanza municipal de vertidos al Ministerio Fiscal.

El objetivo de la investigación iniciada es determinar el alcance y repercusión de los vertidos de cromo hexavalente realizados por el hospital a la red de alcantarillado público, además de aclarar si estos se produjeron de manera puntual o de forma reiterada. La alcaldía corroboró que el fiscal le ha solicitado al Consistorio una copia del expediente de la Concejalía de Medio Ambiente «para su comprobación».

Se trata del documento que, en diciembre de 2013, alertaba de «la presencia inexplicable de cromo hexavalente, cuya potencialidad como elemento cancerígeno es de público conocimiento y, por tanto, su presencia en los vertidos de una instalación hospitalaria resulta del todo fuera de contexto». Basándose en ese expediente, en diciembre de 2016, la Concejalía se negó a renovar la licencia de vertido al hospital y en enero el Ayuntamiento le abrió al Servicio Murciano de Salud (SMS) un expediente de disciplina ambiental «por realizar vertidos a la red de alcantarillado sin la correspondiente autorización».

La relación de Hidrogea no solo se ha judicializado, también ha acabado en el Pleno. En la última sesión, el portavoz del PSOE, José Ángel Noguera, arremetió contra el regidor popular, José Miguel Luengo, por abrir un expediente disciplinario al ingeniero técnico que informó al Ministerio Público de la existencia de veinte instalaciones sin licencia de vertidos, entre ellas, el Hospital Los Arcos y que a la postre ha motivado la apertura de diligencias. «Usted debería de haber felicitado a este funcionario por haber puesto en conocimiento de la Fiscalía un delito», le reprochó Noguera a Luengo.

«Es una manera palmaria de hacer el ridículo», añadió. El PSOE tachó el expediente de «represalia» contra el empleado y solicitó al PP que lo deje «sin efecto». El regidor respondió al portavoz socialista que «el ridículo lo hace usted» y volvió a justificar el procedimiento contra el funcionario porque la ley de Bases de Régimen Local reserva para el alcalde el ejercicio de acciones administrativas y judiciales en defensa del Ayuntamiento. «No dio traslado a sus superiores jerárquicos», subrayó. «Esa forma de proceder no es la adecuada y lo dicen los servicios jurídicos municipales».

Sin renovar la autorización

Las consecuencias del famoso listado de Hidrogea no acaban aquí, ya que el alcalde ha emitido un decreto comunicando a la Academia General del Aire (AGA) que se le ha abierto un expediente de disciplina medioambiental. El decreto expone que la base militar ha cometido una «infracción», consistente en «realizar vertidos a la red municipal de alcantarillado sin tener renovada la correspondiente autorización».

Este permiso para verter se renueva cada cuatro años, pero el Ministerio de Defensa no lo hizo. El decreto del alcalde informa a la AGA de que dispone de un plazo máximo de dos meses «para que inicie la legalización de la actividad», de lo contrario desde el Ayuntamiento «se ordenará el cese» de la misma.

Un portavoz de Defensa, cuando se hizo público el listado, afirmó que en la base militar «todo está en regla», pero ayer reconoció que «puede que haya habido algún defecto burocrático». Desde la alcaldía avanzaron que cuando concluya la tramitación del expediente «se verá si tiene o no sanción». El importe de la multa dependerá de la tipificación de la infracción cometida por la AGA contra la ley de Protección Ambiental Integrada: leve (3.000 euros), grave (hasta 30.000) y muy grave (hasta 300.000).

Por último, el Consistorio también informó de que está llevando a cabo diferentes análisis en las instalaciones militares para «comprobar que los niveles de vertidos son conforme a la legislación».