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Condenan al Consistorio a pagar 388.658 euros al dueño de un solar que usó de parking público

El denunciante nunca pudo construir porque otro promotor agotó toda la edificabilidad

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

La saturación urbanística de La Manga no es un fenómeno de este siglo, pero sus consecuencias proyectan una sombra más larga en el tiempo que algunas de sus torres de cemento. El Tribunal Superior de Justicia ha reconocido ahora el perjuicio que causó al propietario de un solar, en la urbanización Las Brisas, una decisión del Ayuntamiento en mayo de 2001 al aprobar la Unidad de Actuación Discontinua en una parcela de 2.611 metros cuadrados (del polígono P).

Ese decreto, firmado durante el mandato de José Hernández -imputado por presunta corrupción urbanística-, obliga al Gobierno municipal a indemnizar al dueño del solar con la friolera de 388.658 euros más los intereses que, según los cálculos de Urbanismo, podrán sumar unos 200.000 más. Fue en 1987 cuando el denunciante compró la parcela en Las Brisas, una urbanización situada en el kilómetro 11 de La Manga, como liquidación de una obra nueva. Es decir, que el comprador adquiría el solar y el proyecto para construir 16 viviendas que el anterior promotor dejó pendiente tras edificar las primeras 32 casas.

Poco después, en los años noventa se aprobaron las controvertidas normas subsidiarias de planeamiento, por las que aún se rige el urbanismo de San Javier, y según las cuales la citada parcela privada se destinaba a aparcamientos públicos.

El TSJ considera que «se vulneró el principio de justa distribución de beneficios y cargas»

El propietario no podía poner ni un ladrillo en su solar debido a la calificación del suelo, pero además se encontró con la sorpresa de que el Ayuntamiento había concedido toda la edificabilidad restante de la urbanización, incluida la suya, al constructor de una parcela colindante: Promociones Internacionales en Costa. Esta mercantil, según fuentes municipales, «ya no tiene actividad».

Los vecinos litigaron contra el proyecto para levantar un edificio con 60 viviendas más en un punto que ya se encontraba saturado y apenas sin espacio para estacionar los vehículos o para abrir accesos. «Han construido 60 viviendas donde caben tres dúplex», se quejaron en 2003 los residentes. El exalcalde Hernández declaró tras las protestas vecinales que «los informes no indican ningún tipo de problema».

Casi dos décadas después, el 24 de enero de 2018, el TSJ ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar al propietario que se quedó sin margen de edificabilidad en beneficio del otro promotor. O lo que es lo mismo, según la sentencia, «se vulneró el principio de justa distribución de beneficios y cargas».

El coste de la gestión urbanística que se hizo en Las Brisas aún podía haber sido peor, ya que el denunciante pidió al tribunal que impusiera al Consistorio una indemnización de 1,9 millones, aunque el juez rebajó la cifra tras pedir un informe a un perito judicial. A pesar del 'mordisco' que supondrá para el presupuesto municipal, la Administración local verá cerrarse un conflicto del pasado que lastraba la resolución del futuro Plan General de Ordenación Urbana, ya que el juez no se ha pronunciado sobre el uso de la parcela en una urbanización que no admite ni una pared más.

Un inspector para La Manga

Según fuentes municipales, el denunciante «se mostró de acuerdo» con la indemnización judicial y además ha manifestado su intención de ceder el solar a la administración, visto que no podrá obtener aprovechamiento alguno. «Con la indemnización es como si el Ayuntamiento comprara la parcela, que seguirá siendo un aparcamiento público», defiende el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez. El edil asegura que los informes jurídicos aconsejaban «zanjar el problema y afrontar la sentencia en lugar de recurrir o demorarlo en el tiempo, ya que los intereses seguirán subiendo».

Para el portavoz del PSOE, José Ángel Noguera, la condena de Las Brisas es «una muestra más de la errónea gestión urbanística y económica que el PP ha llevado en La Manga». El edil ha reclamado desde el inicio de la legislatura «un inspector específico para La Manga, porque no solo evitaremos errores que nos costarán caros en el futuro, sino que recuperaríamos para dominio público espacios que están ilegalmente ocupados desde hace años».

 

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