El juicio al exalcalde Hernández por el 'caso Las Brisas' llega al cabo de 15 años

José Hernández, exalcalde de San Javier./P. Sánchez / AGM
José Hernández, exalcalde de San Javier. / P. Sánchez / AGM

El antiguo primer edil afronta, a partir del lunes en la Audiencia, una petición de un año y medio de prisión

RICARDO FERNÁNDEZ y JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

Quince años. Ese es el tiempo que han tardado en llegar a juicio las diligencias conocidas como el 'caso Las Brisas', cuya investigación se inició en el año 2003 por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier y por las que está acusado el exalcalde popular de San Javier José Hernández. La vista se ha señalado para las diez de la mañana de este lunes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, y le acompañarán en el banquillo el arquitecto municipal y el jurídico del Ayuntamiento de San Javier, Miguel Botella Jiménez y Francisco Javier Gracia Navarro, respectivamente, y el promotor Ángel García Cantó, de la sociedad Promociones Internacionales en Costa SA (PIC SA).

El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, les atribuye delitos continuados de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, en concurso con el delito de fraude, así como otro delito de falsedad ideológica (este solo atribuible al arquitecto Miguel Botella), tal y como publicó 'La Verdad' en febrero de 2016.

Para el exalcalde Hernández, el fiscal reclama un año y medio de cárcel y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público; al arquitecto Botella le pide igual pena por prevaricación continuada y un delito contra la ordenación del territorio, en concurso ideal con fraude, aunque le añade otros dos años y medio de prisión por falsedad documental continuada; respecto del jurídico Francisco Javier Gracia, exige también una condena de año y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación; y, por último, para el empresario Ángel García Cantó, un año y cuatro meses de prisión y cuatro años y medio de inhabilitación.

Las penas reclamadas podrían haber sido mucho más elevadas, pero el Ministerio Público admite que se han producido dilaciones muy importantes en la investigación, por lo que considera que se debe aplicar una atenuante muy cualificada.

Los cuatro encausados, según el fiscal, «adoptaron decisiones y emitieron informes, a sabiendas de su ilegalidad, en el subpolígono P-1 de La Manga del Mar Menor». Básicamente, los tres funcionarios habrían permitido que, el 31 de agosto de 2001, se autorizara a Promo ciones Internacionales en Costa SA la construcción de 60 viviendas, dos locales y un garaje subterráneo, merced a haberle otorgado «más de toda la edificabilidad sobrante del subpolígono P-1, y privando a otro de los propietarios de su edificabilidad».

Además, habrían autorizado la construcción de una piscina en un espacio libre público.

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