Malestar entre los titulares de amarres por las exigencias del Tomás Maestre

Varios barcos, atracados en los puntos de amarre del puerto Tomás Maestre, ayer./pablo sánchez / agm
Varios barcos, atracados en los puntos de amarre del puerto Tomás Maestre, ayer. / pablo sánchez / agm

Los concesionarios se niegan a abonar la ampliación del contrato que exige Puerto Menor, que demandará en septiembre a todos los que no hayan pagado

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

La reclamación del pago por la supuesta actualización del contrato a los titulares de los puntos de amarre del puerto de Tomás Maestre ha iniciado un conflicto con la empresa Puerto Menor que, previsiblemente, acabará en los tribunales. Y no en un expediente cualquiera, sino en una demanda contra unas 600 personas. «Va a ser largo y pesado», intuye ya el abogado Tomás Maestre, heredero de la empresa Puerto Menor, que en 1973 construyó el puerto deportivo más grande de España, con 1.713 atraques, lo que supone el 29% de la capacidad total de amarres deportivos de la Región.

El enfrentamiento comenzó cuando Puerto Menor reclamó a los titulares de los amarres -no dueños, ya que se trata de Dominio Público, sino concesionarios de los derechos de uso y disfrute- el pago por la «actualización del contrato» por los próximos cinco años, pero que para los afectados es una exigencia «insólita e infundada». El presidente de la asociación Asopuerto 2018 -creada en defensa de los derechos de los titulares-, Antonio Soriano, asegura que «ya pagamos por la titularidad entre 30.000 y 100.000 euros por un atraque, a lo que hay que sumar entre 500 y 1.700 euros al año por el mantenimiento. Y nos hemos hecho cargo de todas las obras de mejora, desde el arreglo de calles hasta el wifi».

Puerto Menor basa su pretensión en el último cambio legislativo. Tras obtener en 1974 la concesión por 50 años, la Ley de Costas de 1989 restringió el plazo originario a 30 años, aunque una nueva reforma legal le repuso las cinco décadas de gestión y explotación del puerto. Por eso la empresa solo reclama a los que compraron el amarre después de 1989.

Los 600 que hacen uso de la instalación se niegan a asumir la actualización para los próximos 5 años

Hasta abril de 2023

Los cinco años que van desde el próximo 28 de julio hasta abril de 2023, son los que Puerto Menor reclama a los titulares. Según los metros de eslora de su embarcación, la factura varía desde los 1.757 euros para los barcos de 7 metros, hasta los 15.481 euros para los de 21 metros, aunque hay requerimientos de hasta 21.000 euros para los más grandes, según asegura Asopuerto, que considera que Puerto Menor no puede reclamarles nada «porque no tiene derecho sobre el 89% de los atraques, ya que nos los cedió, y solo conserva el 11% de los amarres de la concesión».

Los afectados calculan que la empresa prevé ingresar más de 5 millones de euros de los titulares, aunque Maestre no concreta la cifra. Sobre el pago de los cinco años, la asociación considera que «el plazo ampliado no proviene de una prórroga a favor de Puerto Menor, sino de una disposición legal que repone lo que previamente había reducido». «Solo persiguen el enriquecimiento a costa de los titulares legítimos, que somos los que hemos sufragado todos los gastos del puerto», indica el presidente.

Para Maestre, en cambio, se trata de «una cantidad razonable para seguir disfrutando del atraque, con condiciones favorables para los que prolonguen la concesión que tenemos solicitada a la Comunidad Autónoma de 20 años más para después de 2023, ya que un 66% de lo pagado se les descontará del nuevo contrato. «Les proponemos el pago en tres plazos», señala Maestre, quien considera que «el esfuerzo económico es bastante simbólico. No somos gente codiciosa». En concreto, les da «hasta final de junio para comunicar si se acogen o no a la prolongación del contrato porque no pueden seguir gratis hasta 2023».

 

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