La PAH evita dos de los tres desahucios que pretendían ejecutar los juzgados

Souad, ayer, abrazando a los activistas tras paralizar su desahucio. / a. s.
Souad, ayer, abrazando a los activistas tras paralizar su desahucio. / a. s.

Los activistas no pudieron evitar el desalojo de una familia marroquí, con tres hijos menores de edad, de un piso en Torres Blancas

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

Prosigue el drama de los desahucios. Los juzgados de San Javier intentaron ejecutar ayer tres lanzamientos programados en un mismo día, pero solo pudo culminar uno de ellos y que afectaba al piso que ocupaba en Torres Blancas la familia de Achour y Hamir, con sus tres hijos menores de edad. La pareja marroquí ya había recibido varios avisos de desalojo, puesto que llevaba varios años ocupando una de las 'infraviviendas' de la citada barriada.

La Plataforma de Afectados por los Desahucios del Mar Menor había logrado posponer el desahucio de la familia, ya que el padre de los tres pequeños no encontraba trabajo ni contaba con un techo alternativo, pero finalmente una entidad bancaria ha logrado vaciar este inmueble, ubicado en Torres Blancas, un barrio desfavorecido del centro urbano de la localidad costera. «Los bancos y los fondos buitre llaman 'viviendas con bicho', a aquellas que tienen una familia dentro», denunció ayer la coordinadora de la plataforma, Charo Tárraga.

La movilización de los activistas logró paralizar los otros dos desalojos previstos en la agenda judicial. También en Torres Blancas estaba advertida una familia marroquí, con tres hijos, pero la PAH lanzó «un aviso de alerta, a través de las redes sociales de las agrupaciones de toda España, y no pasó más de una hora hasta que recibimos una llamada del banco para ofrecernos diálogo en la expulsión de la familia con menores», según Tárraga.

Una de las órdenes pesaba sobre Souad Zerouali, una mujer con una discapacidad visual degenerativa del 81%, madre de dos hijos, de 5 años y 1 añito, respectivamente. Numerosos activistas y vecinos del barrio Castejón se sumaron, a media mañana, a la barrera humana que los miembros de la plataforma plantaron en la puerta de la casa de la familia, a la hora de la llegada de los agentes judiciales. «¡Este desahucio lo vamos a parar!», clamaban al unísono los vecinos que llegaron para defender a Souad, cuyo marido trabaja fuera de la Región. «Aquí ya no nos dan trabajo», lamentaba ayer después de que les comunicaran la paralización temporal del desalojo hasta que el juez vuelva a fijar nueva fecha para el temido lanzamiento.

Orden de Edimburgo

«Es una orden de Edimburgo Investment, uno de los fondos buitre que compran a los bancos miles de activos tóxicos a precio de saldo», denunció ayer la coordinadora de la PAH. «Echan a los ocupantes y se acogen a ayudas del Estado para rehabilitar viviendas, las dejan nuevas y las venden caras. Es un negocio redondo».

Souad observaba ayer desde una rendija de la vivienda, con su bebé en brazos, la resistencia vecinal que se formó para evitar su desalojo, hasta que la agente judicial la llamó para comunicarle el aplazamiento. En ese momento, esta madre se fundió en un abrazo emocionado con activistas y vecinos. La PAH denunció «la falta de ayuda por parte de Servicios Sociales para una familia en situación precaria de salud».

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