Los desahucios por alquileres impagados se disparan por la extinción de las rentas sociales

Vista panorámica del calamitoso estado que presentan los bloques del barrio Torres Blancas de San Javier en el que hay varios pisos de bancos ocupados. / Alexia Salas

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas gestiona cada semana seis casos nuevos en la comarca del Mar Menor

ALEXIA SALAS San javier
Domingo, 12 noviembre 2017, 08:55

La vida de Achour Hatit y su mujer, Hamir, ha desfilado en los últimos días por un hilo cada vez más fino. La familia marroquí, con tres hijos menores, de entre 2 y 14 años, vive desde hace tres años de ocupa en un piso, propiedad de Bankia, en el barrio Torres Blancas, donde la falta de expectativas adquiere la forma de ventanas agrietadas, paredes grasientas y chatarras acumuladas en cada esquina. Los juzgados de San Javier, situados justo enfrente, ordenaron su desalojo el pasado jueves, aunque la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) del Mar Menor logró frenarlo sin fecha, a pesar de la distancia «cada vez más tensa» que mantiene la administración judicial con los activistas sociales.

«Hay situaciones extremas de familias que precisan decisiones inmediatas», se queja la portavoz de la PAH del Mar Menor, Charo Tárraga. «Cada vez nos hacen más difícil proteger a los afectados para algo tan básico como que no se queden en la calle».

La escasez de trabajo condena a Achour a no salir de un bucle que empieza con su condición de mano de obra agrícola barata, que los capataces contratan un día sí y otro no. De los pocos ingresos que llegan a la familia, el inmigrante debe separar 90 euros al mes para la multa por ocupación de vivienda que le puso un juzgado y que le hace aún más difícil pagar un alquiler legal.

Los bancos 'blindan' las puertas de los pisos de barrios como Torres Blancas en San Javier. La PAH alerta de que San Pedro del Pinatar es el municipio costero donde más aumentan los casos

Su abogado le advirtió esta semana de la posible intervención de Protección de Menores en el caso de que el desalojo se hiciera efectivo. «La situación de la familia es extrema, pero no encontramos una alternativa habitacional porque los bancos ya no aceptan alquileres sociales porque han transferido sus inmuebles -adjudicados de sus clientes morosos- a las socimis que solo quieren rentabilizar su 'stock' de viviendas y se desentienden de la situación, pero los ayuntamientos tampoco ofrecen soluciones más allá de pagar unos meses la renta», explica Tárraga.

La PAH critica que las socimis están «exentas del Impuesto de Sociedades y tienen bonificaciones de hasta el 95% en el Impuesto de Transmisiones, pero no tienen obligación de cumplir códigos de buenas prácticas ni de negociar alquileres sociales que permitan a una familia levantar cabeza». Tárraga alerta de que «ha comenzado una oleada de desahucios por alquileres impagados y por desalojo de ocupas y no tenemos viviendas».

En las reuniones que la plataforma organiza en cada municipio de la Comarca del Mar Menor aparecen entre 5 y 6 casos nuevos cada semana. «Al año, gestionamos los casos de más de 300 familias y, en San Pedro del Pinatar es donde más aumentan». Los activistas se quejan de que solicitan reuniones con los alcaldes y las entidades bancarias, «pero no obtenemos respuesta». Por ello, la PAH propone «la creación de oficinas de la vivienda porque los ayuntamientos no se implican más allá de pagar algunos alquileres, a pesar de que todos los del Mar Menor se declararon municipios libres de desahucios».

Desde la PAH de Cartagena, María Ángeles Lidón recuerda que con ley de Arrendamientos «se va a complicar mucho la situación, porque van a arreciar los desahucios exprés».

En el gueto de Torres Blancas de San Javier, los residentes han visto cómo en los últimos meses aumentaban las placas instaladas por las entidades bancarias para blindar los pisos. En la costa norte del Mar Menor, los bancos poseen más de 1.500 viviendas: unas 600 en San Javier, más de 534 en San Pedro del Pinatar y una cifra similar en Los Alcázares. Todo ello, sin contar las 1.200 de Torre Pacheco. En este último municipio, el 'mayor casero' del término, es la Sareb o 'banco malo', que gestiona 954 viviendas. Esta sociedad anónima de gestión de activos transferidos de las cuatro entidades bancarias nacionalizadas y las que están en proceso de reestructuración, disfruta de ventajas legales, como la preferencia de cobro ante otros acreedores y, aunque los ayuntamientos aseguran que cumplen con los tributos municipales en la mayoría de los casos, el resto acumula deudas fiscales y recibos pendientes en las comunidades de vecinos.

Piden soluciones al Sareb

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas reclama «alquileres sociales en solo un 10% de esa bolsa inmobiliaria, porque solucionaría la situación de muchas familias que sufren porque no viven en condiciones dignas». La PAH recuerda que los alquileres de mercado en la zona costera «alcanzan los 300 euros y eso no está al alcance de una familia que ingresa 450 euros al mes».

Sin luz ni agua

En casa de Latifa Ounaini, en un edificio de la avenida de Balsicas de San Javier, convertido en otro gueto de extranjeros con escasos ingresos, el grifo permanece seco y la bombilla muda. Latifa es madre de un adolescente, de 15 años, y logró hace cinco años el divorcio y una orden de alejamiento de su marido por malos tratos. Vivía en un piso de 300 euros de alquiler, más la luz y el agua, así que cuando los trabajos esporádicos flojearon, no encontró otra alternativa que la ocupación. «Hago pan, lavo ropa y zapatillas para los mercadillos de segunda mano, he trabajado en tiendas de chinos y en los almacenes de pimientos. Lucho todo lo que puedo para que a mi hijo no le falte nada», relata Latifa, que cuenta con una ayuda de 426 euros.

Cuando se queda sola explota: «Me agobio y lloro, pero no delante de mi hijo». No puede soportar la presión de los dos meses que lleva de ocupa, en los que ha recibido la visita insistente de la mediadora de Aktua, la empresa que gestiona el ladrillo tóxico del antiguo Banesto, que pasó a un fondo 'buitre' y después a una compañía noruega que gestiona el recobro de morosos del Sabadell y del Santander. La agente de la sociedad no visita a Latifa para tomar un té con hierbabuena. La próxima noticia que tendrá de ella será una demanda por ocupación.

Ayudas al alquiler

La concejal de Servicios Sociales de San Javier, Estíbaliz Masegosa, reconoce que «no tenemos alternativas habitacionales, así que ofrecemos ayudas municipales al alquiler, la luz y el agua con un presupuesto de 70.000 euros». La edil cree que «la clave es el trabajo, que es la mejor ayuda social». En lo que va de año han concedido ayudas de emergencia social a 23 familias, de las que 10 se encuentran en el casco urbano de San Javier y otras 10 en La Ribera. El Ayuntamiento cuenta con un programa de familia con educadores sociales que «tratan de combatir el absentismo, que accedan al deporte y accedan a otros ámbitos con más posibilidades, pero hay familias que lo rechazan».

Para evitar que se enquisten problemas familiares y sociales en los guetos, «queremos poner en marcha un programa de dinamizadores de calle, que rescaten a personas que no encuentran salida, porque a las trabajadoras sociales les cuesta mucho». La edil quiere aplicarlo en 2018 en el barrio San Francisco y en Torres Blancas. Masegosa admite que no tienen posibilidad de negociar alquileres sociales con los bancos: «Ni siquiera tenemos competencias; solo podemos mediar si el casero es privado».

En Los Alcázares, la edil de Servicios Sociales, Isabel Sarmiento, detalla que «la principal demanda que tenemos es de ayudas para alimentos». Y asegura que en los últimos dos años «solo nos han llegado siete familias ocupas y les ofrecemos asesoramiento y ayudas para el alquiler, el agua, alimentos y farmacia». Sarmiento zanja que «la vivienda es clave para reinsertarte en una vida propia autosuficiente».

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