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Sábado, 21 de octubre 2017
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Cómo pudo prolongarse el tiempo de impunidad de la infracción del Paquebote y cuánto dinero han dejado de ingresar las arcas públicas son los primeros interrogantes al margen del expediente urbanístico. «El planeamiento urbanístico de La Manga ha sido muy complejo», explica el concejal Antonio Martínez. «Del Plan de Hacienda de Tomás Maestre se pasó a las normas subisidiarias, que no se publicaron hasta 2004 aunque antes ya se aplicaban», señala Martínez, quien reconoce la posibilidad de «errores técnicos a la hora de interpretar las zonas verdes en las labores de inspección». El caso es que nunca se detectó la ocupación ilícita de la terraza expedientada, aunque el Ayuntamiento tiene inspectores de obra y de actividad.
El responsable cree que «hoy no pasaría, porque todo está digitalizado, hay medios tecnológicos y departamentos especializados, además de que el Catastro tiene servicio de drones que localizan las alteraciones de fincas y nos las comunica». Sin embargo, el concejal afirma que la principal vía de localización de infracciones urbanísticas es a través de las denuncias. Descarta que en La Manga haya grandes superficies ocupadas. «Sí hay viales ocupados por propietarios que los privatizan con una cancela. Hay que recuperarlos por cesión voluntaria o por expropiación según cada caso en concreto», asegura Martínez.
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